La fotografía de la inversión extranjera en el primer semestre de 2025, según DataInvex, dibuja un problema de gestión más que una disputa territorial. Euskadi capta capitales de forma desequilibrada —con Bizkaia concentrando el 91,2% y 260 millones— mientras Álava apenas suma 24,5 millones y Gipuzkoa sufre un desplome histórico hasta 700.000 euros, un –98,3% respecto a 2024 que la relega al puesto 43 del ranking estatal. El dato no es un tropezón coyuntural: es el síntoma de un modelo que no está funcionando.
Bajo la batuta del PNV, la política industrial y de captación de inversiones no ha logrado traducir el potencial del territorio en proyectos tangibles y sostenibles. La consecuencia es conocida: menos inversión, menos proyectos tractor, menos empleo de calidad y menor capacidad para renovar el tejido productivo. La tendencia se refuerza cuando miramos al interior: entre enero y agosto de 2025, Euskadi ha perdido 102 empresas y en nueve de los últimos diez años el saldo empresarial ha sido negativo. Una inercia que erosiona la competitividad y envía a los mercados una señal de incertidumbre.
En paralelo, comunidades vecinas como La Rioja o Cantabria han multiplicado su inversión gracias a marcos más simples, calendarios claros y acompañamiento efectivo al inversor. Euskadi, en cambio, proyecta complejidad administrativa, dispersión competencial y plazos imprevisibles. El resultado es un círculo vicioso: los proyectos dudan, se retrasan o se van; y cada fuga reduce la probabilidad de que el siguiente eslabón de la cadena —proveedores, talento, I+D aplicada— decida asentarse aquí.
La caída de Gipuzkoa hasta mínimos estadísticos no debería ocultar el diagnóstico de fondo. No se trata de enfrentar territorios históricos, sino de reconocer que el enfoque del PNV prioriza el relato sobre la ejecución. Sin ventanilla única real, sin incentivos automáticos y estables, sin suelo y energía competitiva disponibles en tiempos empresariales —no administrativos— y sin un fast-track normativo para proyectos estratégicos, la brecha entre el discurso y los resultados seguirá ampliándose.
La competitividad industrial se decide en el detalle: quién atiende al inversor, en cuánto se resuelve un permiso, qué certidumbre hay sobre costes y calendarios, y cómo se engancha la formación —FP y universidad— a las necesidades reales de planta. Hoy, esas respuestas no son suficientemente claras. Y el capital, que compara en tiempo real, elige en consecuencia.
Euskadi aún dispone de fortalezas —ecosistema tecnológico, talento, cadenas industriales consolidadas—, pero el reloj corre. Si no hay un giro de gestión que alinee instituciones, simplifique trámites y ponga la ejecución por delante de la propaganda, el país seguirá creciendo a dos velocidades: una que apenas sostiene la estadística y otra que se queda fuera del mapa de decisión de los grandes proyectos. El coste no es abstracto: son oportunidades, empleos y futuro que, sencillamente, se materializan en otra parte.