El Gobierno nacionaliza a un mexicano de 93 años sin padres ni abuelos españoles
Un ‘pósit’ en el expediente advertía: «¡Ojo no le corresponde! Cancelar próximamente»
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió el 14 de mayo de 2025 la nacionalidad española a Felipe Salvador Ruiz de Velasco, un mexicano de 93 años cuyos padres y abuelos nacieron todos en México. Según revela The Objective, su único vínculo con España es un bisabuelo burgalés nacido en 1821 y fallecido en 1889, casi medio siglo antes de la Guerra Civil.
La nacionalidad se otorgó al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la llamada «ley de nietos», que reconoce a hijos y nietos de exiliados, pero no menciona en ningún caso a los bisnietos. Además, la presunción de exilio prevista para quienes salieron de España entre 1936 y 1955 tampoco encaja: el antepasado murió décadas antes de que estallara el conflicto.
El diario, que ha tenido acceso al expediente, apunta a que el caso generó dudas dentro del Consulado de España en México. Sobre la documentación figuraba un ‘pósit’ con una advertencia explícita: «¡Ojo no le corresponde! Cancelar próximamente». Según fuentes consulares, al funcionario que alertó se le respondió que la concesión obedecía a «una orden del embajador», Juan Duarte.
La instrucción de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, permitió que determinados hijos y nietos de españoles se nacionalizaran sin demostrar que sus ascendientes fueron perseguidos o tuvieron que exiliarse. Es la clave jurídica de este tipo de expedientes.
El caso se suma al de Juan G., otro mexicano que obtuvo la nacionalidad en junio de 2023, mes y medio antes de las generales del 23-J, pese a que no constaban documentos suficientes sobre su supuesto abuelo español. Según mensajes internos del Consulado, era considerado «un alto cargo» y mantenía amistad con el cónsul general. Aunque no pudo votar entonces, podría hacerlo el 29-N si el censo no se controla.
El Gobierno ha informado al Tribunal Supremo de unas 2,4 millones de solicitudes presentadas y de unas 163.000 personas nacionalizadas en el ámbito de las medidas sobre el derecho de voto. Fuentes consulares consideran esa cifra «absolutamente ridícula» y sostienen que más del 90 % de las nacionalizaciones efectivas en México se acogieron a la instrucción de 2022.
El Supremo suspendió cautelarmente los efectos de dicha instrucción, aunque no la tramitación de expedientes. En paralelo, Moncloa ha movido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo con medidas cautelarísimas que permita reactivar el censo de nacionalizados por esta vía.