Opacidad sobre ruedas

La gestión de la Compañía del Tranvía de San Sebastián (CTSS), responsable del servicio municipal de autobuses, atraviesa un momento de seria controversia por la falta de transparencia en su funcionamiento interno. La empresa pública, presidida por el alcalde de la ciudad, Jon Insausti (PNV), ha sido señalada por adoptar decisiones de gran relevancia al margen de su propio Consejo de Administración.

Según la denuncia trasladada formalmente al presidente del consejo, se estarían ejecutando acuerdos estratégicos sin que los consejeros hayan sido informados previamente ni hayan podido debatir o votar dichas decisiones. Una forma de proceder que vacía de contenido al máximo órgano de control de la sociedad municipal y que cuestiona los estándares de buen gobierno que el propio PNV dice defender en la gestión de lo público.

Entre los aspectos más alarmantes figura la total falta de información sobre cambios sustanciales en la estructura organizativa y en la política de personal. Se habrían impulsado convocatorias y provisiones de plazas sin comunicación al Consejo, lo que podría encubrir un incremento irregular de la plantilla, la precarización de empleo estable y posibles irregularidades en la aplicación de la normativa laboral.

La opacidad alcanza también a la gestión de contratos y relaciones laborales. El Consejo no habría sido informado de las razones por las que la Seguridad Social habría rechazado determinadas figuras contractuales, ni de las consecuencias legales y económicas derivadas del uso reiterado de contratos temporales. Estas prácticas podrían traducirse en sanciones, regularizaciones de cotizaciones o conversiones obligatorias de contratos, con un impacto directo en las cuentas de la empresa pública.

A nivel operativo, la denuncia apunta a decisiones que afectan directamente al servicio que reciben los ciudadanos. La retirada de vehículos de determinadas líneas, la modificación o supresión de paradas y otros cambios relevantes en la red de autobuses se estarían aplicando sin el aval del Consejo de Administración, concentrando el poder de decisión en un reducido núcleo directivo vinculado al gobierno municipal.

Especialmente grave resulta la posible venta de patrimonio público sin control ni transparencia. Se denuncia la enajenación de más de medio centenar de vehículos por un importe cercano a los 268.000 euros, sin información sobre los compradores, las condiciones de la operación ni la justificación del interés público. Todo ello sin que conste acuerdo alguno del órgano societario competente.

Estas operaciones resultan aún más difíciles de explicar cuando existen zonas y barrios de San Sebastián, como Atotxa Erreka o Ulía, a los que se les niega una mejora del servicio por falta de vehículos. Una contradicción que alimenta la percepción de una gestión opaca y desconectada de las necesidades reales de la ciudad.

Desde el propio Consejo se advierte de que no puede convertirse en un mero trámite decorativo mientras las decisiones se toman en despachos cerrados. La concentración de poder en una empresa pública presidida por el alcalde y controlada políticamente por el PNV plantea serias dudas sobre los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas.

La falta de transparencia en la gestión de la compañía de autobuses no es solo un problema interno: afecta directamente a un servicio esencial y al uso de recursos que pertenecen a todos los donostiarras. La exigencia es clara: explicaciones, documentación y respeto a las reglas básicas de control democrático en una sociedad municipal que no puede funcionar al margen de la ciudadanía.