El lehendakari Imanol Pradales ha variado en pocos días su mensaje sobre CAF y su contrato del tranvía de Jerusalén en Israel. Primero pidió “una reflexión ética” a la empresa guipuzcoana, remarcando que el Gobierno vasco respetaría “continuar o cortar”, y después, ayer mismo en el Pleno de Política General en Vitoria – Gasteiz, advirtió contra el “postureo demagógico” y los “señalamientos” a empresas e instituciones por la guerra en Gaza.
En entrevistas, Pradales subrayó que el proyecto fue adjudicado “respetando la normativa internacional” hace seis años y que “no es una cuestión sencilla”. Aun así, abrió la puerta a considerar el “clima social” por la “masacre” en Gaza y sugirió a CAF “quizás” revisar éticamente su posición. El Ejecutivo vasco, con un 3% de participación en el capital vía Finkatuz, mantuvo que acompañará la decisión empresarial en cualquier sentido.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pidió a CAF “pensarse muy mucho” la continuidad del contrato con Israel. Además, introdujo un argumento reputacional y de oportunidad: colaborar en Israel “te puede eliminar de otros proyectos”, citando el macrocontrato ferroviario en Bélgica, aún pendiente de recursos de competidores.
Ayer en el Parlamento Vasco, tras las críticas de EH Bildu y Sumar, Pradales elevó el tono: “Ya está bien de señalar. No instrumentalicemos el drama que vive el pueblo palestino”. Defendió que empresas, universidad e instituciones vascas no son cómplices, marcando una línea roja contra los señalamientos y las campañas de boicot. Todo ello en paralelo a la posición del Gobierno vasco a favor de un alto el fuego permanente y la liberación de rehenes.
Qué queda sobre la mesa
Entre la invitación a la reflexión ética y el rechazo a los señalamientos, el Gobierno vasco intenta equilibrar sensibilidad social y autonomía empresarial. La decisión, continuar o cortar, sigue en el tejado de CAF, mientras avanza en Bélgica el proceso sobre el gran pedido ferroviario. En Euskadi, el debate político seguirá midiendo coherencia, seguridad jurídica y coste reputacional.