Irregularidades en el proceso de selección de la Ertzaintza.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tramita una nueva denuncia por presuntas irregularidades en las oposiciones de acceso a la Ertzaintza. El Departamento de Seguridad confirma, además, la existencia de dos denuncias previas desestimadas en primera instancia —una de ellas recurrida ante el propio TSJPV—. La controversia estalla tras un curso especialmente convulso: en junio un juzgado suspendió cautelarmente el proceso de ascenso a suboficiales y, a finales de julio, la OPE conjunta dejó un 90% de suspensos y centenares de plazas vacantes, obligando a replantear pruebas y calendarios.
Las novedades conocidas hoy por lo publicado por El Correo apuntan a la fase decisiva del itinerario formativo: el bloque de actitudes —entrevista personal y sociograma— que puede determinar la expulsión de un aspirante tras nueve meses en Arkaute o, en su caso, el destino y la progresión profesional de quien supera el curso. Según informaciones publicadas y documentación incorporada a procesos judiciales, parte de esas entrevistas habrían sido realizadas por personal sin titulación universitaria en Psicología ni colegiación, extremo que los sindicatos vienen cuestionando desde hace tiempo por la falta de garantías y la elevada subjetividad del sociograma. A ello se suma el testimonio de una segunda aspirante excluida —de la promoción 30— que denuncia arbitrariedad en su evaluación y describe un clima de rumores y dinámicas de grupo que, a su juicio, condicionaron el resultado.
Aquí el problema ya no es solo técnico: es político. El PNV, que dirige el Departamento de Seguridad, ha permitido que la fase más opaca del proceso campe a sus anchas y, en la práctica, ha mirado hacia otro lado mientras se consolidaban mecanismos de evaluación con escaso control externo. Si la dirección valida entrevistas sin garantías suficientes o tolera herramientas como el sociograma sin cortafuegos frente a sesgos y represalias, la deslegitimación no viene de fuera: nace desde dentro. Y cuando, además, se opta por una comunicación institucional que minimiza los fallos o desplaza responsabilidades hacia los propios aspirantes, se alimenta la idea de que la Ertzaintza es un problema y no una institución que merece respaldo y rigor.
El TSJPV deberá pronunciarse sobre las denuncias en curso, pero la responsabilidad política es inmediata y tiene nombre y apellido: PNV. Transparencia no es prometer ajustes, sino abrir ventanas ya: grabación y custodia de todas las entrevistas; tribunales con psicólogos colegiados y formación acreditada; publicación de rúbricas, ponderaciones y motivaciones; y una revisión a fondo —sustitución si procede— del sociograma por instrumentos validados. Hace falta también una explicación pública con cronograma, responsables y posibles ceses si se confirman malas prácticas. Respeto a la Ertzaintza, garantías para los aspirantes y rendición de cuentas ante la ciudadanía: solo con luz, trazabilidad y asunción de responsabilidades se recuperará la confianza perdida tras la suspensión de suboficiales y el fiasco de la última OPE.