La Proposición de Ley del PP ha sido tomada en consideración en el Congreso. Los populares plantean desalojos en 24 horas, más penas y el veto al empadronamiento de okupas. El PNV, pese a reconocer que la usurpación de viviendas puede ser un problema grave, ha optado por abstenerse. No respalda una iniciativa del PP para combatir la okupación ilegal, pero tampoco se atreve a negar que el problema existe.
El PNV volvió a situarse este martes en esa posición intermedia tan habitual: reconoce que la usurpación de viviendas puede ser un problema grave para propietarios y comunidades de vecinos, pero evita apoyar una proposición de ley que plantea medidas concretas para dar una respuesta más rápida y eficaz.
La propuesta del PP, defendida en el Congreso por Sergio Sayas, plantea desalojos en un plazo máximo de 24 horas cuando no se acredite un título legítimo, el endurecimiento de las penas, impedir el empadronamiento de okupas y evitar que los propietarios tengan que seguir pagando luz, agua o gas a quienes han ocupado ilegalmente una vivienda. Los populares sostienen que la okupación y la inquiokupación agravan el problema de acceso a la vivienda, al retirar inmuebles del mercado del alquiler y generar inseguridad jurídica entre los propietarios.
El diputado del PNV Mikel Legarda admitió que la usurpación de viviendas es un problema grave en determinados casos, tanto para los dueños como para los vecinos, pero rechazó abordarlo sin tener en cuenta posibles situaciones de vulnerabilidad. También cuestionó que se puedan atribuir a administraciones públicas facultades para recuperar la propiedad, salvo en supuestos de delito flagrante, defendiendo que esa función debe quedar en manos del poder judicial.