La Ertzaintza desvela que el 77% de los robos con violencia los perpetran inmigrantes
La Ertzaintza ha empezado a publicar en su web oficial unas tablas que desglosan por primera vez el lugar de nacimiento, el sexo y el tipo de delito de las personas detenidas o investigadas entre enero y septiembre de 2025. Es la primera policía del Estado que hace público un documento estadístico de este tipo. El cuadro separa a los nacidos en la C.A. Vasca + otras comunidades autónomas de quienes han nacido fuera del Estado, que se agrupan en epígrafes como Magreb, Resto de África, Latinoamérica, UE-27 o Asia.
30.600 infracciones y un reparto muy desigual según el delito
Según la tabla, en los nueve primeros meses de 2025 se registran algo más de 30.600 infracciones penales atribuidas a personas detenidas o investigadas por la Ertzaintza. De ellas, en torno al 52% corresponderían a nacidos en Euskadi u otras comunidades del Estado y el 48% a nacidos en el extranjero. Un dato llamativo si se tiene en cuenta que la población de origen extranjero en Euskadi no alcanza el 15% del total.
Ese casi empate global salta por los aires cuando se miran los delitos que más alarma generan. En el apartado de lesiones, 1.333 casos se atribuyen a personas nacidas en el Estado y 1.379 a nacidas fuera. En las agresiones sexuales, la diferencia es aún mayor: 221 frente a 301. Y en los robos con violencia, el desequilibrio es extremo: 192 a manos de nacidos en España frente a 654 cometidos por nacidos en otros países, de los que 523 figuran en el epígrafe Magreb. En resumen: el 77% de los robos violentos que recoge la estadística tienen como autor a personas nacidas fuera del Estado.

Tabla publicada por El Correo
Este giro estadístico del Departamento de Seguridad, que además considera “extranjero” a toda persona nacida fuera del Estado aunque ya tenga nacionalidad española, se produce después de meses en los que el Partido Popular ha hecho bandera del problema de la inseguridad y de la multirreincidencia. Los populares llevan tiempo denunciando que el relato institucional minimizaba el impacto real de los hurtos, los robos violentos o el uso de armas blancas, y reclamando más medios policiales, cambios legales y una política de expulsiones efectiva para los delincuentes reincidentes.
