El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) que se imparte en el País Vasco se basa en un convenio cultural firmado por España y Marruecos desde 1980, en vigor desde 1985, ampliado en 2012. Marruecos envía a sus propios profesores, seleccionados y financiados desde Rabat, para impartir estos contenidos en centros públicos españoles, con especial presencia en comunidades autónomas con alta población de origen marroquí. Los contenidos incluyen cultura, historia y geografía de Marruecos, además del árabe clásico y valores tradicionales, con perspectiva marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Diez escuelas públicas en Euskadi, se han adherido al convenio por el cual el Ministerio de Educación español permite que Marruecos enseñe cultura, historia y geografía marroquí. Este acuerdo invisibiliza y discrimina al alumnado saharaui. El Departamento de Educación del gobierno vasco debe asumir la defensa de la pluralidad y los derechos históricos del pueblo saharaui, y garantizar una educación libre de injerencias extranjeras que puedan manipular la memoria y la identidad de sectores vulnerables de sus estudiantes.
Pero el programa opera al margen del debate parlamentario, carece de control institucional efectivo y no está sometido a las autoridades educativas autonómicas. Marruecos selecciona y supervisa a los docentes sin que España verifique su formación ni contenidos, incrementando la opacidad y el riesgo de adoctrinamiento ideológico. Su financiación depende de Marruecos, lo que sitúa a la comunidad educativa vasca ante una grave injerencia de un gobierno extranjero en el espacio público de formación.
La Comunidad de Madrid y la Región de Murcia han cancelado el programa por falta de garantías democráticas y preocupación por la promoción de valores y relatos polémicos. Esto muestra que otras comunidades ya han reaccionado ante la amenaza que supone para la soberanía educativa y la neutralidad curricular de los programas públicos.
En el último pleno de control celebrado en la cámara vasca, el grupo popular solicitó que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco rompiera con el convenio educativo entre España y Marruecos para salvaguardar la pluralidad, la equidad, la memoria e identidad de los alumnos saharauis y, por extensión, de toda la comunidad educativa vasca.